La regidora municipal insiste en la necesidad de que en esa zona degradada por la extracción de áridos durante cuarenta años -hasta que varias denuncias que culminaron en una querella judicial en 2005 paró la actividad- se pueda realizar el proyecto integral que su creador, el arquitecto Juan Carlos Piñeiro, denomina Del Mar a la Cumbre, en donde cabrían hoteles y villas con capacidad para 5.000 camas turísticas, un campo de golf, una central hidroeléctrica y explotaciones agrarias y ganaderas, como la de un criadero de búfalos en una antigua cantera de los Hermanos Morales en El Badén, «con quienes ya están en contacto los inversores ucranianos que quieren producir mozarella en la Isla», señala Castro.
Pero para que esos proyectos sean posibles, según la alcaldesa, se necesita «cambiar la denominación del suelo en el PIOT» y se remite a la nueva Ley del Suelo para conseguirlo, mientras que la compra de los terrenos se realizaría con el dinero que deben aportar los cuatro empresarios sentenciados en el caso Áridos, poco más de 200 millones de euros. No obstante, Carmen Luisa Castro siempre se ha mostrado más partidaria de «obtener la propiedad del suelo» que de recibir ese dinero, algo que también comparte el abogado de la acusación particular en ese procedimiento por delito medioambiental, Carlos Álvarez.
Es más, la alcaldesa güimarera recuerda que algunos de esos terrenos ya no pertenecen a los condenados, excepto en el caso de Antonio Plasencia, el único de los cuatro empresarios que ha presentado, atendiendo al acuerdo alcanzado con la Fiscalía para aminorar la pena, un plan de rehabilitación de la cantera Áridos del Sur, en el barranco de Badajoz. Un plan que, a falta de dos meses y medio para que se cumpla el plazo dado en la sentencia, no ha recibido el visto bueno del Cabildo, del Ayuntamiento ni de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
El abogado Carlos Álvarez apunta a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma ejerza el embargo de los terrenos donde se encuentran las canteras clausuradas si finalmente no se produce la rehabilitación y no descarta que José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia tengan que entrar en la cárcel al no cumplir con el pago de las cantidades y sobre todo con la rehabilitación del terreno, como le ocurrió a Francisco del Rosario, el único que no aceptó el acuerdo con el fiscal Jaime Serrano, y hoy permanece cumpliendo condena de tres años y medio de prisión.
Sobre otra de las canteras denunciadas, la de Fulgencio Díaz, el abogado señala que «sus herederos no han aceptado la herencia y no se puede ir contra ellos», aunque aclara que, al solicitarse en el procedimiento el pago de 69 millones de euros, «necesitaría entre cuatro o cinco millones de euros para plantear una demanda civil y ni el exconcejal ni el agricultor que represento tienen ese dinero para pleitear».
Algunos areneros expusieron en su defensa que desde 2003 presentaron proyectos de rehabilitación al Ayuntamiento de Güímar, pero nunca fueron atendidos, aunque prosiguieron con su actividad sin tener licencia municipal, incluso después de 2005, cuando Carlos Álvarez presentó la querella que once años después terminó en el juicio oral con la condena de los propietarios de las canteras.
TERRENOS CON CARGAS: «NO SE PUEDE TRAFICAR CON EL CUERPO DEL DELITO»
«Los que hayan comprado terrenos con cargas tienen que responder igualmente ante la Justicia, a sabiendas de que ese suelo tiene una carga de procedimiento penal; no se puede traficar con el cuerpo del delito». Álvarez no entiende que “la Audiencia no permitiera inscribir la sentencia en el Registro de la Propiedad.’
*Información/Fotografía extraídas de la noticia homónima publicada en el día de hoy en el periódico Diario de Avisos.
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