La actividad en una parcela adscrita a una de las canteras de áridos precintadas, Badén, está afectada por una orden de suspensión inmediata emitida por el Ayuntamiento de Güímar, ya que en ella se realizan grandes movimientos de tierra, la apertura de nuevas pistas interiores y excavaciones. La licencia municipal fue concedida el 18 de diciembre de 2020 para nivelar el terreno, limpiar el solar y vallar la parcela, por lo que las obras documentadas por técnicos municipales y la Policía Local el pasado día 3 “exceden con creces las amparadas por la licencia”.
Según el informe técnico, los trabajos se ejecutan en suelo clasificado como suelo rústico de protección minera, en su mayor parte, y una franja se encuentra en suelo rústico de protección de infraestructuras. Por ello, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural es el órgano al que corresponde incoar el procedimiento para restablecer la legalidad, según consta en el informe jurídico incluido en el decreto de suspensión de la actividad, firmado por el concejal José Miguel Hernández.
Asimismo, el informe técnico constata la colocación de 24 vallas de hormigón tipo new jersey en el límite de la parcela más próximo al camino asfaltado Barranco Boruga, de forma que “existen tramos que corren un elevado riesgo de caída y desmoronamiento hacia el interior de la parcela”. Por ello, se recomienda el cierre del camino y realizar obras de refuerzo para recuperar la seguridad.
Esta cantera está precintada y forma parte del llamado caso áridos, por el que cuatro empresarios fueron condenados a restaurar las zonas de las que extrajeron árido generando enormes hoyos en los barrancos de Güímar. La ejecución de esta sentencia sigue aún por dilucidarse. En su informe previo, los técnicos municipales establecieron que “cualquier actuación que pudiera realizarse en este ámbito requiere el cumplimiento previo de la redacción, aprobación y ejecución del proyecto de restauración” al que obliga la condena citada.
La licencia de obra menor fue otorgada con el informe favorable del Servicio de Minas y el PP advirtió al Pleno de que la actividad ahora suspendida es ilegal.
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