El
Ayuntamiento de Güímar presentará en los próximos meses una ordenanza
de ocupación de la vía pública, un documento que se está redactando
desde junio de 2013 por el personal de la Administración local y que
regulará las dimensiones de las terrazas de bares y restaurantes, las
concesiones de licencias o la realización de obras en aceras y paseos
peatonales. La normativa, muy compleja porque incluye las legislaciones
de Costas u Ordenación Territorial, se explicará pormenorizadamente a
los empresarios hosteleros en una reunión, que se convocará en cuanto
esté terminado el documento inicial para su exposición pública y que
“intentaremos poder realizar antes del verano”.
La redacción
de esta ordenanza se encargó conjuntamente por el concejal de Urbanismo,
Pedro Daniel Pérez, y el edil de Servicios Municipales, Sixto Alfonso, a
pocas semanas de asumir estas áreas y han trabajado junto al personal
municipal en la elaboración de este documento, que “ya está casi
concluido y esperamos presentar en muy pocos meses”, explica Pérez.
“Se
trata de una labor compleja porque no queremos que queden flecos y
aborda distintas legislaciones más allá de las cuestiones municipales,
como las relacionadas con Costas y Ordenación del Territorio, de ahí que
llevemos varios meses trabajando en su redacción”, recuerda Alfonso.
Ambos
ediles explican que, “ya a nuestra llegada al cargo, éramos conscientes
de que teníamos un problema, especialmente en las zonas costeras, por
la ocupación de paseos litorales y áreas peatonales, y que había que
crear una norma que estableciera claramente los usos permitidos, las
dimensiones de las terrazas y cantidades de mesas, así como conseguir
que el impulso a la actividad comercial y hostelera esté en equilibrio
con los derechos de los vecinos”.
Este tipo de normas ya existen
en muchos municipios de la Isla, como Arona o La Laguna, donde se regula
incluso los materiales que se pueden usar en las mesas y sillas o las
sanciones por incumplimiento, que pueden alcanzar los 3.000 euros en el
caso del municipio del sur.
“Tenemos claro que hay que afrontar
los problemas, sin que importe que vengan heredados de la gestión de
otros partidos, de ahí que hayamos optado por una norma unitaria, que no
deje ninguna duda”, señalan los ediles. Ambos explican que la nueva
norma no tiene afán recaudatorio ya que, de hecho, podría suponer una
reducción de ingresos, en tanto la superficie de uso de terrazas de
algunos locales se reducirá y, por tanto, también lo hará la cuantía de
las tasas que se abonan.
Además de la exposición pormenorizada de
la ordenanza en un acto público, los concejales destacan que los
funcionarios municipales informarán a los propietarios o arrendatarios
de esos locales de restauración acerca de su situación administrativa,
qué adecuaciones tienen que hacer en sus negocios, trámites y, en
general, los límites de ocupación de paseos peatonales, plazas y suelo
público por terrazas.
Denuncias
Sixto Alfonso señala
que “nos constan varias denuncias de comunidades de vecinos por hechos
de estas características, de terrazas que sobrepasan las dimensiones
razonables y que son un foco de ruidos y molestias”. Al respecto, Pedro
Pérez explica que “desde que asumimos las áreas, tuvimos claro que esta
acción era urgente, tal y como ha quedado de manifiesto con la retirada
de parte de la terraza de un bar en El Puertito”.
El concejal
detalla que “queremos evitar que esta situación se repita, porque, en
estos tiempos de crisis, no queremos vernos obligados a cerrar ningún
negocio; tenemos que regularizar la ocupación de las áreas públicas para
garantizar la convivencia con los vecinos que residen o transitan por
esas zonas y así evitar que se vean obligados a iniciar acciones
legales, como ocurre en este caso, y evitar cierres de comercios. Porque
también es nuestra obligación garantizar los derechos de los vecinos”.
Los
ediles hacen referencia a la retirada de las mesas y sillas de la
terraza de un bar, el pasado viernes, en la zona de la plaza de Las
Indias, en El Puertito, para lo que el titular carecía de licencia
municipal y ocupaba parte del paseo litoral, además de que la comunidad
de vecinos del edificio en el que se ubica el local ha presentado varias
denuncias contra el propietario del negocio.
El expediente se
inició en octubre de 2013 a raíz de las demandas vecinales y consta que,
tras las comprobaciones por los técnicos, un mes después, por
resolución 4461/2013, se concedió al titular del bar un trámite de
audiencia de diez días, “previo a la orden de retirada de las mesas y
sillas, por carecer de licencia municipal para dicha ocupación”.
Decreto de 30 de diciembre
El
propietario no presenta alegaciones y el 30 de diciembre se le comunica
la orden de retirada de los elementos con los que se ocupa la vía
pública sin licencia y se le advierte de que, de no hacerlo, “serán
retirados por los servicios municipales, siendo a costa del interesado
de dicha retirada y los gastos de depósito de los mismos hasta que sean
recogidos por aquel”, un Decreto que el interesado “se niega a firmar”.
En
enero, el titular presenta en el Ayuntamiento instancia solicitando
licencia para ocupación de vía pública con mesas y sillas en una
superficie de 40,96 metros cuadrados, que se remite a la Viceconsejería
de Política Territorial con fecha de 18 de febrero, organismo que, según
consta por conversación telefónica, ha requerido documentación
complementaria al interesado para poder informar su solicitud.
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