Unas cuarenta personas, acompañadas del concejal de Servicios Sociales, Juan Delgado, y de los técnicos del Área se han concentrado hoy (26 de noviembre) frente al Patronato Municipal para sumarse a las demandas de la Marea naranja en defensa de una Prestación Canaria de Inserción (PCI) “digna y eficaz”. Esta movilización, que se lleva a cabo hoy en toda la provincia, ha sido promovida por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y reclama más presupuesto y personal, así como menos trabas burocráticas, para garantizar que las personas en riesgo de exclusión social y sin ingresos económicos tengan cubiertas sus necesidades mínimas. Los organizadores agradecieron al concejal Juan Delgado que se haya sumado a esta iniciativa, quien defendió la “importancia de contar con una Prestación que responda rápidamente y con garantías a las necesidades de nuestros vecinos en esta época de crisis económica y altas cifras de desempleo”. En la concentración a las puertas del Patronato Municipal de Servicios Sociales de Güímar se leyó el manifiesto elaborado por los Colegios de Trabajo Social de las dos provincias de las Islas y la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, un documento que cuestiona la normativa para la modificación de la Ley 1/2007, que regula la PCI. El manifiesto reclama que la nueva Ley incluya, de forma directa, a todos y cada uno de los colectivos en situación de exclusión social, que simplifique los procedimientos de tramitación de las peticiones y reduzca los tiempos a menos de 5 meses, frente a los hasta 12 de la actualidad, así como que se dote al sistema del personal, recursos y servicios necesarios para garantizar la cobertura y el acceso a esta prestación, entre otras demandas, de modo que “logremos que las personas no continúen estando por debajo del umbral de la pobreza”. Los promotores de esta iniciativa destacan que el presupuesto para la PCI de 2014, de 23 millones de euros, se agotó en abril y que el de 2015 aumenta en 5 millones, hasta un total de 28, cuantía que consideran insuficiente y que se acabará en febrero o marzo, ya que “se prevé que en enero se irán 17 millones en pagar los atrasos de 2014”. La PCI de este año ha tenido como beneficiarios directos a 5.600 unidades de convivencia y, aunque se quiere llegar a las 7.000 en 2015, los trabajadores sociales destacan que hay 45.000 familias que no tienen ningún tipo de prestación en Canarias. Las cuantías que perciben oscilan entre los 472 y los 658 euros y, aunque la Ley establece un tiempo de resolución de 9 meses, que los organizadores ya consideran excesivo, llega hasta a un año en la práctica. A lo que hay que sumar las largas listas de espera en los ayuntamientos para solicitarla, ante una excesiva maraña administrativa y burocrática que ralentiza la gestión, además de la insuficiente partida económica. Así, lamentan que “la inclusión social no se logra, las situaciones se cronifican, las políticas sociales en las Islas atienden a una parte minúscula de la población en situación de pobreza, no hay prevención, se aborda la exclusión social con tratamientos paliativos”. |
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