Tavío (PP): “Ni vaciando el Teide se podrán llenar los hoyos”

Fuente: Diario de Avisos
El Gobierno canario ha dado el visto bueno a que se tramite en el Parlamento regional la iniciativa legislativa del Cabildo de Tenerife que persigue prohibir las extracciones de áridos en los barrancos de Güímar, mediante la reclasificación de ese suelo como rústico de protección ambiental, y restaurar el paisaje. Ayer, la oposición parlamentaria, durante un pleno, y, con especial énfasis Cristina Tavío (PP) y Román Rodríguez (NC), afearon al Ejecutivo tal visto bueno pese a que tres de sus consejerías han hecho “críticos” informes sobre esta proposición de ley, advirtiendo de que puede dar pie a indemnizaciones millonarias, así como de visos de inconstitucionalidad al tratarse de un suelo minero que no se rige por legislación autonómica. Se trata, en concreto, de informes de las áreas de Economía e Industria, Agricultura y Planificación y Presupuesto.

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De ahí que, para Tavío, “a los grupos del gobierno [CC y PSOE] debería darles vergüenza aprobar algo de este calado sin los informes pertinentes”, al tiempo que les acusó de “frenar el desarrollo de Güímar” porque “con esta ley ni se ordenará ni se restaurará nada”, pues no podrá haber otros aprovechamientos económicos alternativos que lo hagan viable. “Ni vaciando todo el Teide se pueden llenar esos huecos”, enfatizó, para a renglón seguido denunciar que el Gobierno canario no hiciera nada “en todos estos años” para frenar esas extracciones ilegales.

El asunto se trató en el pleno del Parlamento, ante el que compareció, a petición de NC; la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, quien admitió la existencia de los tres informes técnicos, y que por ello, alegó, la postura del Ejecutivo es “favorable, pero con condicionantes”. En este sentido, reconoció que “no hay aún suficientes elementos para evaluar el impacto económico” de la proposición de ley, que adolece de “una preocupante falta” de informe jurídico sobre posibles derechos indemnizatorios y cree necesario además un peritaje sobre las obras necesarias para esa restauración.

Todos los grupos y el Gobierno, coincidieron, eso sí, en que dicho plan lo deben pagar los empresarios condenados en los tribunales, en vía penal, por la ilegalidad de sus extracciones (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, nombres que solo mencionó la diputada de Podemos Soledad Monzón), que eludirán la cárcel si sufragan este coste. El portavoz de NC sostuvo que “una ley no es lo mejor para abordar este problema, y esta es una actuación poco responsable del Gobierno canario”, al que acusó de “endosar al Parlamento” tremenda responsabilidad. Monzón recordó que esta ley es una demanda de los vecinos de Güímar, pero que con ella “no se debe abrir la puerta a que no cumplan la condena” esos empresarios. Desde ASG, Jesús Ramos lamentó la falta de una regulación legal de los áridos en Canarias y añadió que “cruzarse de brazos no es la solución ni para las empresas ni para los intereses mineros”. José Miguel Ruano (CC-PNC) se mostró contrario a que la norma se apruebe si genera indemnizaciones y se negó a aceptar que se la llame “ley Plasencia, porque no es verdad”. Héctor Gómez (PSOE) dijo que este es un caso de “fracaso colectivo de gestión pública” de unas extracciones.

“NO PODEMOS AÚN CUANTIFICAR CUÁNTO COSTARÁ EL PLAN DE RESTAURACIÓN”

La consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, admitió que no es posible aún determinar cuánto costará el plan de restauración de los barrancos de Güímar que implicará la proposición de ley del Cabildo, pese a que existe un peritaje de esa corporación, una de cuyas hipótesis apunta a 360 millones de euros. “Tampoco podemos cuantificar las posibles indemnizaciones porque no sabemos aún si se va a permitir extraer o no más áridos en la zona para la restauración”, apuntó Barreto. En todo caso, dejó claro que “esta proposición de ley no tiene que ver con la sentencia que condena a los extractores a asumir el pago de un plan de restauración de sus canteras”. La consejera incidió en que el Cabildo lo que busca es suprimir las extracciones y recuperar el paisaje.

LUISA CASTRO: “NO CABEN INDEMNIZACIONES, SINO EJECUTAR LA SENTENCIA”

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, siguió de cerca la sesión del Parlamento de Canarias sobre la iniciativa legislativa del Cabildo que pretende cambiar el uso minero de los barrancos de Güímar por rústico ambiental.

Una iniciativa que curiosamente partió del Ayuntamiento de Güímar y que ahora no ha sido apoyada por su regidora, porque no se contempla la posibilidad de inversiones estratégicas, como ese proyecto de Mar a la cumbre que permitiría el impulso turístico del municipio.

Luisa Castro se mostró rotunda al afirmar que “excepto Cristina Tavío, todos los que intervinieron en el Parlamento han demostrado un gran desconocimiento de Güímar y de los enormes hoyos que han dejado las extracciones”, y añadió que “el PSOE estaba más preocupado en contentar a sus socios nacionalistas en el Cabildo, que pretenden plantar papas en los hoyos, y el resto insistía en hablar de posibles indemnizaciones a los areneros por quitar la calificación de suelo minero, cuando no saben que hay una sentencia del Supremo que le quitó a Francisco del Rosario esa calificación que en su día le dio el Cabildo. Aquí se trata de ejecutar la sentencia que obliga a restaurar a los empresarios y no de iniciativas legislativas como estas”