Fuente: Diario de Avisos
La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia que el PP presentó por un supuesto delito de tráfico de influencias en la contratación de la pareja de Gustavo Pérez en la sede de Femete en Güímar. A la secretaría municipal ha llegado la petición de información sobre ese contrato y el convenio inexistente con la federación.
La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia que el PP presentó por un supuesto delito de tráfico de influencias en la contratación de la pareja de Gustavo Pérez en la sede de Femete en Güímar. A la secretaría municipal ha llegado la petición de información sobre ese contrato y el convenio inexistente con la federación.
El pasado 2 de marzo Carmen Luisa Castro, portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Güímar, presentó en la Fiscalía Provincial un escrito en el que se solicitaba que se investigue el “nombramiento de la pareja del primer teniente de alcalde, Gustavo Pérez, como orientadora o administrativa de un local municipal que ocupa la entidad Femete”.
Los populares güimareros, tras denunciar el presunto “enchufe” en distintas sesiones plenarias, tuvieron que acudir a la Fiscalía al entender que no se han dado las explicaciones oportunas y que puede darse un delito de “tráfico de influencias”, sin que la documentación que se exigió en los plenos municipales, más allá de confirmarse que no existe convenio con Femete para que disponga de un local municipal, fuera convincente, porque no se da información de los “méritos y capacidades” en la elección de la pareja del edil nacionalista para ocupar ese puesto, por lo que el PP pidió a la Fiscalía que investigue las actas de selección realizada por el Servicio Canario de Empleo y por Femete, así como el expediente completo y las actuaciones realizadas por el Consistorio.
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