“Estos políticos protectores de delincuentes no nos representan”

 

Uno de los denunciantes y concejal del PP, Francisco Hernández Armas, espera “que se haga justicia y los empresarios condenados rehabiliten los barrancos o vayan a la cárcel.

“Estos políticos protectores de delincuentes no nos representan y no van a conseguir que se nos prive del derecho a recibir la justicia que habíamos conseguido con la sentencia por delito ecológico”, condena Francisco Hernández Armas, uno de los dos denunciantes que dio origen al caso áridos de Güímar y actual concejal del PP. “Poniendo en duda la restauración del daño ocasionado al territorio y al medio ambiente solo demuestran que no están capacitados para estar al frente de una administración pública”, apostilla.

Alude a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, de la que también asegura que “en lugar de cumplir con la ley y hacerla cumplir, se descuelga con un informe carente de rigor, de justificación razonada, de seriedad y falta de respeto por un pueblo como el de Güímar, que tanto ha sufrido”. Se trata del informe preceptivo y vinculante que el 2 de octubre de 2020 determinó que los planes de restauración de las seis canteras de áridos en los barrancos de Güímar son inejecutables, porque su aplicación generaría contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud. Todo ello como consecuencia de la necesidad de realizar 1.712.811 viajes de camión para rellenar los huecos.

Medida ratificada por la a Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en un auto del 18 de enero pasado, en el que declara “la imposibilidad” de restaurar los seis hoyos, condena que impuso a cuatro empresarios en 2016. Al tiempo, determina sustituir esa obligación “por la indemnización de daños y perjuicios”, sin que haya sido determinada la cuantía.

“El último auto del juez está recurrido en tiempo y forma y solo esperamos que se haga justicia volviendo a la sentencia firme de la obligación de restaurar por parte de los condenados el daño causado volviéndolo al estado anterior”, explica el denunciante.

Francisco Hernández recuerda que el Ayuntamiento de Güímar recibió 150 millones de pesetas (901.520 euros) en el mandato de entre siglos y “a cambio de no ejecutar” las sentencias firmes desde 1997 de precintar varias canteras. El 11 de mayo de 2005 se presenta la denuncia por delito ecológico. “Comenzaba un largo y tortuoso camino, la instrucción del caso con la participación seis jueces y dos intentos de archivo”. La condena, 11 años después, fue cárcel o restaurar presentando un proyecto en dos años, prorrogados uno más, y que debía supervisar la Consejería de Industria del Gobierno canario. Pero ésta “tampoco hizo lo que el juez le ordenó, que no era otra cosa que, en caso de que los delincuentes no presentaran los proyectos de restauración o estos no se ajustaran a lo exigido en la sentencia, fuera la propia consejería la que redactara los proyectos a costa de los condenados”. Esto no ha ocurrido.

“En estos últimos cinco años esa euforia de los primeros días (tras la sentencia condenatoria de los empresarios) se ha ido enfriando y nos inunda una especie de desazón, un aire de impunidad, una rabia contenida, un viaje al pasado dictatorial ya casi olvidado”, manifiesta el denunciante y concejal, Francisco Hernández.