Güímar diseña un plan para instalar cámaras de videovigilancia contra el robo en las fincas agrícola

El Ayuntamiento de Güímar ha presentado a la Consejería insular de Medio Ambiente un proyecto para la instalación de cámaras de videovigilancia en los principales accesos a las zonas agrícolas del municipio, una iniciativa que surge del aumento de los robos en las fincas y que también se aprovechará para el control de seguridad y del tráfico en nueve puntos del casco. La propuesta divide el municipio en cuatro sectores, la mitad en la comarca de Agache, y tiene un coste inicial de 141.578,60 euros, para lo que se espera conseguir financiación del Cabildo de Tenerife. La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, explica que esta propuesta nace de una reunión en la Alcaldía con la Policía Local y representantes de los agricultores por el incremento de los robos en las fincas y la percepción de un aumento de la inseguridad en las zonas rurales. Finalmente, además de la presencia policial y de la Guardia Civil, se apostó por incluir la videovigilancia en los cruces y puntos más significativos del municipio y así poder identificar los vehículos que pasen por esas vías rurales cuando se haya cometido un delito. La propuesta se presentó hace poco más de un mes a la consejera insular de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora. El modelo de servicio de videovigilancia, además de la seguridad, apuesta por la alerta y vigilancia de incendios forestales, riesgos geológicos y meteorológicos, así como control medioambiental, ya que la mayoría se instalarán en las zonas altas del municipio. Con este fin, se han definido 35 puntos de riesgo, divididos en 4 sectores con capacidad de hasta 10 cámaras por cada uno, y 3 ubicaciones para las estaciones base de comunicaciones. La red se plantea con toda la tecnología necesaria para la transmisión de imágenes en directo al centro de control, que se ubicará en el Ayuntamiento, donde serán monitorizadas por agentes de la Policía Local y grabadas, al menos durante 7 días, para su posterior inspección si fuera necesario. Por supuesto, con el cumplimiento de la legislación de telecomunicaciones y de protección de datos. La propuesta de pliego de prescripciones técnicas apuesta por una infraestructura de comunicaciones inalámbrica en la banda libre sin licencia de 5GHz, es decir, sin coste anual de tasas, que sea operativa y funcional. Tras el estudio de los principales puntos de riesgo, se han establecido cuatro zonas, de las que la mitad se ubican en los cruces de vías que conectan con la TF-28 en la comarca de Agache, incluyendo la zona de Anocheza, con un total de 15 cámaras. En la parte alta del municipio pero en el Valle, se proponen otras diez, incluyendo el puente de Guaza. Ya en el casco, se plantean 8 puntos en las avenidas Obispo Pérez Cáceres y Santa Cruz y uno en la entrada de los talleres municipales, junto al parque de los bomberos. La solución propuesta utiliza una infraestructura de telecomunicaciones inalámbrica con tecnología WiMax, lo que determina la posibilidad de tener diferentes servicios y usuarios, de modo que, aparte del servicio de videovigilancia, el sistema será capaz de transmitir servicios de voz y datos de estaciones de alerta y vigilancia de incendios forestales, control medioambiental o riesgos geológicos y meteorológicos. Las cámaras tendrán visión nocturna, un micrófono integrado y movimiento de barrido. El presupuesto, a falta de definir los costes de suministros y acometidas eléctricas así como de la instalación de mástiles o torres donde no existan puntos para colocar las cámaras, es de 141.578,60 euros. El Ayuntamiento busca financiación de la Administración insular.